En DIARIO DE GUERRERO, del 04 de marzo de 2009, aparece la siguiente nota:
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Gobernabilidad Municipal
Roberto Ventura Pérez
Gobernabilidad Municipal
Roberto Ventura Pérez
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Gobernabilidad municipal es riesgo
Cumplieron ya sus primeros dos mes de trabajo la mayoría de las nuevas administraciones municipales que están al frente de los 81 ayuntamientos en que se divide el estado de Guerrero, con excepción de Malinaltepec donde se repondrá la elección el 19 de abril. Hasta ahora, bien a bien no han terminado de asentarse en su totalidad, pese a las reglas democráticas, algunas municipalidades siguen inmersas en sus conflictos extra-electorales.
No debería de ser así, a estas alturas todo mundo debería de estar trabajando en la mejora de la vida de sus gobernados. A sesenta días de arrancados los trabajos, el diagnóstico municipal y los pronósticos para los próximos años en las administraciones es verdaderamente aterrador. Si no se toman medidas, se definen objetivos y estrategias, se implementan acciones correctivas con soluciones a tiempo para todo este montón de problemas, la gobernabilidad municipal se volverá un caos, que llevará a la parálisis administrativa.
Para remontar ese escenario se requerirá de mucha inteligencia e ingenio por parte de los presidentes municipales, para encontrar recursos económicos y bajarlos al municipio, pero sobre todo, tendrán mucho trabajo para convencer a sus cabildos de sus decisiones. La lista de problemas e inconvenientes es extensa: deficientes procesos de entrega-recepción; ausencia en algunas casos de entrega-recepción; saqueo de mobiliarios; perdida de equipo inventariado; entrega de maquinaria en mal estado o descompuesta; reparto de computadoras y materiales de oficina para servidores públicos, por acuerdo de cabildos salientes; arcas vacías; indemnizaciones laborales excesivas en puerta; pago pendiente a proveedores; nomina abultada; cabildos caros.
Además, existen montones de demandas laborales en curso; altos salarios para algunos servidores públicos; embargo de presupuestos federal y estatal a los ayuntamientos, por orden del Tribunal de Conciliación y Arbitraje consecuencia de laudos laborales adversos; despidos injustificados simulados; deudas por créditos públicos y privados; errores por acción u omisión por parte de las áreas jurídicas de los municipios, en el manejo de conflictos de toda índole; presión y chantaje de grupos políticos de partidos de oposición, que demandan a los presidentes municipales y cabildos, cargos y puestos públicos en las comunas.
Agréguele: sindicalización de personal de confianza en los últimos días de administraciones salientes; personal con dos empleos que no han probado la compatibilidad de los mismos; vehículos oficiales dados en comodato a comunidades; vehículos facilitados en pago por prestación de servicios; falta de expedientes técnicos de obras y archivos; adeudos con la CFE, alta morosidad de los ciudadanos en pagos de predial, agua, entre otros impuestos y; lo que resulte más adelante.
A todo lo anterior, súmele el lento trabajo del auditor estatal en los procesos de investigación, disuadiendo la aplicación pronta y expedita de la ley de fiscalización, pidiendo más paciencia a los preocupados alcaldes.
Nadie en su sano juicio podría estar contento por la situación crítica que atraviesan las nuevas administraciones municipales, máxime cuando tarde o temprano, los efectos de toda esta problemática, van a verse reflejado en una disminución de las acciones de gobierno, de la obra pública, en la carencia de recursos para solventar el gasto corriente, en la falta de pago en los compromisos contraídos, entre otras cosas.
En suma, si no se logran controlar estos factores, que entorpecen el funcionamiento de las presidencias municipales, los beneficios que podrían recibir los ciudadanos serán mínimos, por el poco margen que tendrá los presidentes municipales para desplegar el cúmulo de sus atribuciones.
Para avanzar en una plena gobernabilidad municipal, se requiere que los partidos políticos, sobre todo los que son oposición en los ayuntamientos, dejen de pensar en la absurda idea de que bloqueando al alcalde ganarán simpatías. En tiempos como los que estamos viviendo, la función colegiada de los cabildos se vuelve parte fundamental en la toma de decisiones y solución de los problemas municipales.
No nos deslicemos a la desgracia, menos aún caigamos de súbito a su abismo, cada quién desde su sitio, sin perder sus convicciones, pero sin convertirlas en dogma que impida el diálogo, como bien lo dijo Miguel Ángel Granados Chapa, en su discurso al momento de recibir la medalla Belisario Domínguez 2008, comentando los problemas que aquejan el país.
Independientemente de la crisis global por la que atraviesa nuestro país, todos debemos de asumir responsabilidades, incluso los propios ciudadanos y hacer lo que nos corresponda, dentro de los márgenes que tengamos. Entiendo que no hay problema con fácil solución, pero si la autoridad municipal no intenta encontrar soluciones, estaremos condenados a repetir el fracaso crónico de la vida municipal. Si no se toman medidas a tiempo, si los regidores, sobre todo los de oposición, no demuestran voluntad política para gobernar, estaremos condenando a las administraciones municipales a la quiebra.
El peor de los casos sería que nos sucediera lo que aconteció en Ciudad Mier, Tamaulipas, donde el alcalde, ante la escasa recaudación del impuesto predial y la falta de previsión en el manejo de los recursos financieros, estableció por tiempo indefinido un paro técnico entre los trabajadores del ayuntamiento, por lo que se trabajará 15 días y el resto del mes se irán sus trabajadores a descansar a su casa, sin goce de sueldo, el alcalde priísta anunció que su administración carecía de dinero para cubrir los salarios y atender las necesidades de la Ciudad y que además esa era una manera de presionar al gobierno estatal para que otorgue mayor efectivo.
La escasez de recursos, la indiferencia del gobernador Zeferino Torreblanca y del propio Congreso local, obliga a buscarlos dentro y fuera del municipio. Me parece que la primera solución está dentro de los municipios, por la vía de mejorar la recaudación fiscal, reduciendo la obesa nómina municipal que ahoga ya a los municipios, aunque ello implique pagar liquidaciones, todo con el aval de los cabildos, convencer a sus gobernados de la importancia de pagar sus impuestos, eliminando viejas prebendas grupales, imponiendo sanciones a quienes las merezcan, eliminando la falta de compatibilidad de empleos, fincando responsabilidades civiles, penales o administrativas a quienes se les encuentren irregularidades, comenzar una minuciosa fiscalización de los recursos, con verdaderos peritos en derecho en materia laboral, para enfrentar posibles demandas.
Las autoridades municipales deben ya mostrar su mayoría de edad y no estar atenidas a la tutela del gobernador en turno. La situación es crítica, sobre todo la financiera y nadie, ni la legislatura local, ni el gobernador Zeferino Torreblanca, han querido enfrentar los problemas que aquejan a las comunas. Ya el diputado federal Modesto Brito, hizo el llamado de alerta al gobernador guerrerense sobre un punto del problema, sin que haya tenido acuse de recibido.
El noventa por ciento de los ayuntamientos del estado de Guerrero, tienen gigantescos problemas laborales, cuya dinámica es ya común cada tres años en los cambios de administraciones municipales, deudas millonarias que no pueden ya solventarse con los recursos propios.
Hay una intencionada descoordinación desde el gobierno estatal con las presidencias municipales, con los propios partidos políticos, sobre todo con los de oposición al suyo. Frente a la crisis, el mandatario guerrerense ha dejado solos a los ayuntamientos y se ha aislado de los problemas que aquejan a las comarcas municipales. Su apoyo sólo existe en el discurso oficial.
Al gobierno estatal no le conviene que los ayuntamientos se declaren en quiebra o en paro técnico por la falta de recursos financieros, por lo que no sería nada malo que ideara un plan de rescate municipal y absorber deudas heredadas a los actuales presidentes municipales, que tarde o temprano, ahogaran a los municipios.
La mejor manera de honrar la vida constitucional de los municipios es creándole las condiciones necesarias para desplegar cada una de las atribuciones federales, estatales y municipales que le han sido conferidas, en bien de los ciudadanos.
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